El sacerdote jesuita José María Korta cumplió el domingo seis días de huelga de hambre para exigir la demarcación de los territorios indígenas y el derecho de los aborígenes a impartir justicia en sus comunidades.
“Esta protesta es un grito de alarma para que el gobierno se de cuenta que la política indígena no esta bien enfocada”, dijo el sacerdote de 81 años.
“Esta protesta es un grito de alarma para que el gobierno se de cuenta que la política indígena no esta bien enfocada”, dijo el sacerdote de 81 años.
También demandó la libertad del cacique Sabino Romero, uno de los supuestos responsables de la muerte de dos miembros de etnia yukpa, asesinados a balazos en octubre de 2009.
El caso de Romero “es un falso positivo (un montaje) de parte del gobierno, de ganaderos y parceleros que ocupan las tierras ancestrales de los Yukpas”, denunció el religioso de cabello y barba blanca y delgada estampa, que evidencia signos de debilidad provocada por el ayuno.
Los indígenas reclaman también la suspensión de la explotación del carbón y otros minerales en la Sierra de Perijá en las inmediaciones de la frontera con Colombia, muchas de ellas aún activas, pese a la promesa del presidente Hugo Chávez de revocar las concesiones mineras que causarían daño al ambiente y a las comunidades nativas, dijo el jesuita.
Las autoridades venezolanas no han emitido de momento comentarios sobre la protesta.
“Sabino y su gente estorban, su caso está estrechamente vinculado con la demarcación”, insistió el también fundador de la Universidad Indígena de Venezuela. “Lo quieren enterrar vivo, no quieren que se aplique la constitución porque toca muchos intereses”.
La Constitución de 1999, promovida por Chávez, reconoce la existencia de los pueblos, su organización social, política y económica, sus culturas, idiomas, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan.
También le otorga representación en el congreso y garantiza el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras y establece que para aprobar obras de “gran magnitud” en ellas, las autoridades deben informar de forma detallada a las comunidades nativas para que estás en asamblea aprueben o no el proyecto.
Las autoridades venezolanas no han emitido de momento comentarios sobre la protesta.
La carta magna además establece que los aborígenes “podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes…siempre que no sean contrarios” a las leyes y el orden público.
Pese al nuevo estamento legal, “Hoy en día los indígenas están peor que hace 10 años”, expresó Korta. “No se corresponde la teoría con la práctica”.
Según cifras oficiales, tres de cada cuatro de los descendientes de los aborígenes no poseen documentos de propiedad sobre la tierra, más de la mitad carece de escuelas, centros de salud, entre otros servicios públicos.
Por JORGE RUEDA
Copyright 2010 The Associated Press
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